Desde hace lustros se vienen haciendo intentos para introducir reformas a la organización judicial en el país. En líneas generales, la atención se ha centrado en dos clases de materias. Por un lado, los que podríamos llamar problemas en la cúspide, relacionados con las relaciones de la rama judicial con las demás ramas y órganos del poder, el nombramiento, disciplina e investigación de altos funcionarios del Estado, el estatuto de las cortes y en general la repartición de poderes en los máximos cuerpos directivos.

Por otro lado, están los temas del hombre de a pie, del ciudadano común cuyas urgencias se vinculan más al acceso a la justicia, la morosidad, la incertidumbre jurídica y la microgerencia de la rama.

Si bien los primeros, los problemas de la cúspide, son importantes, su influjo en el día a día de la administración de justicia es remoto y a veces inexistente. De allí que muchos creemos que la verdadera reforma para el ciudadano está mucho más ligada a los éxitos en el discurrir cotidiano.

Después de un poco más de un año de discusiones y consultas, en busca del consenso, el gobierno presentó un proyecto que, a su vez, fue fruto de la fusión de iniciativas varias.

Las cuestiones verdaderamente relacionadas con el segundo conjunto de problemas orbitan alrededor de los siguientes puntos: traslado del conocimiento de las contravenciones a autoridades administrativas con el objeto de combatir la congestión en los despachos de los jueces, la autorización de funciones jurisdiccionales a empleados subalternos de la rama, a notarios, abogados y árbitros, la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias de descongestión, para lo cual se crea un organismo que debe conceptuar en cada caso, la atribución a la Sala de Gobierno del Consejo Superior para dictar reglamentos autónomos, lo que facilita y hace más ágil la adopción de medidas. A estas iniciativas constitucionales hay que agregar las relacionadas con el conocimiento de pequeñas causas, el código general del proceso, la implantación progresiva de la oralidad y las refacciones al sistema acusatorio.

Este es el grupo de iniciativas que tiene una orientación correcta.

En efecto, apuntan al diagnóstico preocupante sobre lo que ocurre con la aplicación de justicia en el país. 

Mientras en 1994 se decidían 1.497 procesos diariamente, en 2009, con un número semejante de jueces, se deciden 7.200. Los egresos pasaron de 1.193.547 procesos en 2002 a 2.628.332 en 2009.

La mala noticia es que también han aumentado los ingresos. Entre 2002 y 2009 la demanda de justicia ha aumentado en 115%. La relación global de ingresos/egresos es apenas del 106%, lo que sería muy bueno si la situación no fuera particularmente crítica. En efecto, la mora total en el sistema judicial, esto es, lo que se demoraría la evacuación si no ingresaran procesos nuevos, era de 9 años en el 2008. Y todavía hay acumulación de procesos en algunas jurisdicciones. La justicia penal ostenta una evolución extraña: mientras en 2002 se evacuaron 280.612 procesos y solo entraron 216.496, en 2009 ingresaron 733.916 y egresaron 734.144: un fenómeno de bicicleta estática. Lo que sí es un hecho es que como ha aumentado mucho más el número de procesos que de jueces (éstos se incrementaron en un 15.3% en el período 2002-2009), el costo por proceso ha bajado de manera notable.

Pero estas cifras, alentadoras en el larguísimo plazo, encubren no obstante otras realidades negativas ocurridas en el transcurso de los 8 años reseñados. En efecto, a mediados del 2001 la curva de egresos superó la de ingresos. Entre esa fecha y el 2003 la oferta superó la demanda en 39.111 procesos anuales. Se desacumularon inventarios. Pero de allí al 2008 la laguna creció de nuevo.

No hay espacio para ahondar en otros ángulos de la cuestión. Pero la conclusión es que, para decirlo en una pincelada, toda reforma a la justicia que ataque los verdaderos problemas, debe centrarse en la persona humana. No importa tanto quién nombra a quién, quién investiga a quién, sino cómo se brinda acceso real y se toman de decisiones acertadas y oportunas.